Corporativo
La trabajadora llegó emocionada. Me dijo: "Oye abogado, esto se va a resolver en un año, ¿verdad?" Era 2020. Acababa de entrar la reforma laboral. Los nuevos tribunales prometían agilidad, oralidad, modernidad. Le dije que no era tan sencillo.
Estamos en 2026. Ese caso (uno de los primeros en iniciarse bajo los tribunales laborales de la reforma) acaba de terminar primera instancia. Seis años. Ocho amparos para obligar al Tribunal Laboral a que moviera el expediente. Y todavía nos falta el amparo directo que promoverá la contraparte.
No cuento esto para presumir de resistencia procesal. Lo cuento porque, cuando el empresario piensa que lo juicios son rápidos, suelen tomar decisiones estratégicas, financieras y operativas bajo el supuesto de que esto estaría resuelto "pronto." La realidad es completamente distinta.
El problema no es ese caso. El problema es que la mayoría de los clientes llegan con la misma expectativa que aquella trabajadora: un año, máximo año y medio. Las redes sociales lo dicen. La inteligencia artificial lo confirma. Nuestros políticos nos mienten en la cara manteniéndolo en la mañanera.
Pero la ley y la realidad no viven en el mismo edificio.
La Ley Federal del Trabajo establece plazos. El Código de Comercio establece plazos. La Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece plazos. Todos son razonables en papel. En operación, son aspiraciones.
Según datos del INEGI (Registro Administrativo en Materia de Justicia Laboral Federal y Estatal, 2025), el 56.7% de los juicios laborales federales ordinarios bajo el nuevo sistema se resolvieron en primera instancia en 120 días hábiles o menos. Suena bien. Hasta que haces las cuentas: 120 días hábiles equivalen a aproximadamente seis meses de calendario. Y eso es solo primera instancia, solo para los casos ya resueltos, y solo en el sistema federal.
Lo que la estadística no dice: cuántos expedientes siguen acumulándose sin resolverse. Cuántos de esos seis meses se convierten en doce, veinticuatro o sesenta cuando empieza la cadena de amparos.
Porque un juicio no termina en primera instancia. Termina cuando existe sentencia firme. Y para llegar ahí, primero tienes que sobrevivir la primera instancia, la apelación si aplica, el amparo indirecto, el amparo directo y, si tienes la mala fortuna de tener un asunto "interesante", una revisión en la Suprema Corte.
Nadie te está mintiendo cuando cita los plazos de la ley. El problema es que esos plazos describen el ritmo ideal de un sistema que no opera en condiciones ideales.
Los datos disponibles son parciales. Ni el INEGI, ni el CJF, ni la SCJN publican promedios completos "de demanda a sentencia firme" para la mayoría de las materias. Solo miden tramos. Pero incluso los tramos son ilustrativos.
Laboral. En la Ciudad de México, el tiempo promedio de un juicio laboral individual en primera instancia fue de 97 días en 2023, dato del Anuario 2024 del Poder Judicial de la CDMX. Tres meses. Eso es el mejor escenario posible: la entidad más avanzada, sin amparos, sin incidentes, sin oposición sofisticada. Primera instancia. Solo eso.
Contencioso administrativo. Un juicio ordinario ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa promedió alrededor de nueve meses en primera instancia, según datos reportados por el propio TFJA en la Cuenta Pública de la SHCP. Nueve meses. Solo primera instancia.
Amparo fiscal en la Suprema Corte. Cuando un asunto fiscal llegó al Pleno de la SCJN, la duración promedio fue de 1,903 días naturales en 2022, según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2023 del INEGI. Más de cinco años. Solo en esa fase. No desde el inicio del juicio: desde que el expediente entró a la Corte.
Mercantil. Los juicios orales mercantiles federales promediaron 174 días en primera instancia en 2022. Menos de seis meses. Sin segunda instancia. Sin amparo. Y sin dato oficial equivalente para juicios ordinarios mercantiles escritos, que suelen ser los más complejos.
La conclusión que sale sola: lo que alguien llama "el juicio dura un año" es, en el mejor de los casos, la primera instancia. En el peor, ni eso.
Hay un factor nuevo que agrava todo lo anterior: el sistema está en plena reorganización, y reorganizarse tiene un costo que pagan los expedientes en curso.
La reforma judicial de 2024 introdujo una nueva generación de juzgadores, los llamados jueces del bienestar, elegidos por voto popular y actualmente en “curva de aprendizaje”. Es una variable operativa que incide directamente en los tiempos de resolución. Un juzgador nuevo definitivamente no trabaja igual de eficientemente que los que tenían años de carrera Judicial.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ilustra con claridad: en el mismo período de tiempo, la Corte anterior resolvía más de 850 asuntos; la actual lleva menos de 50. Ese rezago no desaparece por sí solo. Se acumula. Se traslada. Se convierte en años adicionales en expedientes que ya llevan años.
En los tribunales federales, hay reportes de escasez hasta de insumos básicos para operar. En los locales, la situación varía por entidad, pero en varios estados la realidad es todavía más crítica.
El empresario que inicia, o enfrenta un juicio, hoy no está entrando al sistema de 2019 ni al de 2022. Está entrando a un sistema en transición, con actores nuevos, recursos limitados y criterio jurisprudencial incierto.
El problema de fondo no es que un juicio dure mucho. El problema es que el empresario toma decisiones financieras y estratégicas basadas en una expectativa de tiempo completamente falsa.
Imagina que decides demandar a un proveedor para recuperar dos millones de pesos. Calculas que en un año tienes sentencia. Con esa lógica, decides no renegociar, no buscar árbitro, no ceder nada. Seis años después, el asunto sigue en primera instancia. Ese dinero lleva años fuera de tu flujo. Ese tiempo directivo se fue en un proceso que todavía no termina.
O el escenario inverso: eres el patrón demandado. Tu ex trabajador interpone una demanda laboral. Te dicen que "en un año esto se resuelve." Provisiones contables modestas. Planeación financiera con esa expectativa. Seis años después, el pasivo sigue vivo, acumuló intereses moratorios y todavía tiene otra instancia por delante.
En México, según el Índice de Estado de Derecho 2023 del World Justice Project, el país ocupa el lugar 116 de 142 naciones evaluadas, y el 27 de 32 en América Latina.
No somos el peor sistema judicial del mundo, pero no somos un sistema que opera con la velocidad y certeza que el empresario necesita para planear.
El tiempo de un juicio no es solo un inconveniente procesal. Es un factor de riesgo financiero, operativo y estratégico que tiene que estar sobre la mesa antes de tomar cualquier decisión.
Antes de iniciar o defender cualquier litigio, la pregunta no es "¿tienes razón?". La pregunta es "¿puedes sostener esto, durante el tiempo que realmente tomará, con los recursos que tienes disponibles?"
Tres criterios que todo empresario debe tener resueltos antes de firmar cualquier demanda:
Primero, cuánto dura realmente este tipo de proceso, no en la ley, sino en el juzgado concreto, con el tipo de contraparte que tienes y en el contexto judicial actual.
Segundo, cuántos recursos financieros, directivos y emocionales estás dispuesto a comprometer durante ese tiempo, sin saber con certeza cuándo termina.
Tercero, si existe una salida negociada que preserve más valor que años de litigio, aunque no sea la solución perfecta que mereces.
Un buen abogado no es el que te dice que ganarás. Es el que te dice cuánto va a costar ganar, cuánto va a tardar, y si ese precio tiene sentido para tu empresa en este momento.
Si estás evaluando si litigar, defenderte o negociar un conflicto, esa decisión merece más que una opinión de pasillo. En ABL lo analizamos con criterio antes de recomendar cualquier ruta.
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